miércoles, 27 de octubre de 2010

Preguntas pendientes para el “mejor policía del mundo”

Que placer hablar con “el mejor policía del mundo”!! es la frase de cierre de todas las entrevistas al general Naranjo con ocasión del “reconocimiento” hecho por una asociación de policías y la DEA.

Dice el “mejor policía del mundo” que el premio es el reconocimiento a la labor exitosa de la policía colombiana, la cual se ha constituido en modelo para muchos otros países!!

A los seudoperiodistas prepago y lambones se les olvido preguntarle al “mejor policía del mundo” que explicara con mayor detalles o demostrara con hechos y cifras los logros en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia común, los grupos armados ilegales, y la corrupción dentro la misma policía, para mencionar solo los mayores problemas nacionales.

Para cualquier persona medianamente informada las evidencias del fracaso en la lucha contra los anteriores flagelos, son abundantes e irrefutables. Colombia sigue siendo el mayor centro de producción y trafico de cocaína; uno de los países con los mayores índices de criminalidad en el mundo; los paras siguen mas activos que nunca; la guerrilla no ha sido derrotada; y la corrupción a nivel nacional y mas específicamente al interior de la propia institución policial continua rampante. Incluso los medios prepago que todo lo encubren dan cuenta de recurrentes casos de policías involucrados en actos criminales y de corrupción; para no mencionar que el propio hermano del “mejor policía del mundo” se encuentra pagando una condena por narcotráfico en una cárcel europea!!

Estos periodistas prepagos y lambones tampoco le preguntan al “mejor policía del mundo” que representatividad puede tener un reconocimiento otorgado por una asociación de jefes de policías totalmente controlada por los gringos y con apenas cerca de 20,000 miembros, un mínimo comparado con el total de la fuerza policial del mundo entero. Obvio que ante los ojos de los gringos Naranjo es el “mejor policía del mundo”, solo que el reconocimiento más exacto es por ser el “policía del mundo más obediente y arrodillado de los gringos”. “Mejor policía del mundo” para cuyo acenso a general y nombramiento como director de la policía, el gobierno del paraco Uribe tuvo que descabezar a varios oficiales de mas alto rango, mas antiguos y con muchos mas meritos que Naranjo….claro, todo consistente con los únicos requisitos que se necesitaban para hacer parte de la pandilla que dirigía Uribe: ser ya un pícaro o fácilmente corruptible, mediocre, incompetente, servil incondicional, arrodillado ante los gringos, católico de camándula, ….y en el caso particular de Naranjo, ser también hijo de un ex director de la policía, obviamente que le dio el empujón que faltaba.

Mucho menos le preguntaran estos pseudoperiodistas sobre el significado real del reconocimiento que le ha hecho la DEA como “agente especial”, teniendo en cuenta la amplia historia de actuaciones corruptas de esta institución en la lucha contra el trafico de drogas, que en el caso Colombiano, sus agentes han sido incluso capturados transportando cocaína en complicidad con diplomáticos de la embajada gringa. 

País de mierda, de criminales, idiotas y lambones….no se cuestionan que el “mejor policía del mundo” vive en un país donde miembros de las fuerzas militares y policía asesinan niños y civiles inocentes (ya se olvidaron de los tres niños asesinados hace solo pocos días en Tame, Arauca??), hacen parte de la nomina de los narcoparamilitares y jefes de bandas delincuenciales que operan bajo su protección o complicidad, oficiales de alto rango que asesinan a sus esposas; y  persiguen, amenazan y/o desaparecen a opositores del gobierno de turno…..

miércoles, 20 de octubre de 2010

QUE HACER CON EL DAS??

La opinión publica nacional sigue consternada  y a la expectativa de lo que pueda pasar con las investigaciones penales en contra de los agentes y directivos del DAS que ejecutaron el plan de persecución y hostigamiento contra jueces y opositores del gobierno de Uribe. Tal vez por lo repudiables que resultan las revelaciones de cada día y los detalles de cómo se realizaban las cacerías y persecuciones de los blancos políticos (cuando no asesinatos), el análisis de los hechos, incluso por parte de los propios afectados, no trasciende mas allá de la condena y el rechazo.   

Todo el mundo, al igual que los afectados, por supuesto esperamos que los responsables de estos actos criminales, incluido el presidente Uribe, sean juzgados y condenados ejemplarmente; pero la discusión debería plantearse también sobre la base de que estos hechos no son nuevos (ni serán los últimos), y que lo único que los distingue de lo que históricamente ha hecho el DAS es la magnitud y la manera sistemática, burda y abierta en que ocurrieron durante el gobierno de Uribe. Frente a esta realidad, el debate central no debería ser el planteamiento de alternativas de reformar el DAS sino la inconveniencia de que siga existiendo. Por naturaleza, el DAS es una maquinaria de persecución política y como tal su razón de ser no es otra que asegurar la protección de los intereses de las oligarquías/elites económicas y su establecimiento político, a través del cual ejercen el control del pensamiento y la movilidad de los ciudadanos. Elites y establecimiento que siempre estarán  dispuestas a neutralizar/eliminar cualquier amenaza que atente contra sus privilegios e intereses políticos y económicos, y contra los intereses del gobierno gringo y sus multinacionales que son en ultimas quienes sostienen y alimentan a esas elites en calidad de sus clientes locales.

Y es que si se analiza la historia de las actuaciones de cualquier estructura policial secreta que dependa directamente del gobierno, no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica por poner ejemplos más cercanos, no se requiere ningún análisis profundo para llegar a la conclusión de que agencias de inteligencia como el DAS, son la réplica exacta de lo que son la CIA y el FBI para el gobierno de los Estados Unidos. La historia de persecuciones políticas de estas agencias gringas ha sido exhaustivamente investigada y copiosamente documentada. El reconocido historiador y crítico agudo del sistema político gringo y de su política exterior Howard Zinn, menciona en uno de sus últimos libros algunos de los hechos más representativos de persecución ocurridos desde la década de los 50’s y hasta la era Reagan, entre cuyos blancos aparece incluso Martin Luter King quien fue objeto de intensos acosos por parte del FBI especialmente entre 1963 y hasta su muerte en 1968. Su delito: defender y luchar por los derechos civiles de la población negra!!.

En Colombia la historia no es diferente. No es sino traer a colación la participación directa del DAS en el asesinato de Luis Carlos Galán (crimen recientemente reabierto por las últimas pruebas que demuestran la participación del DAS), la desaparición de todos los líderes de la UP; y si se quiere ir mucho mas atrás, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán….todos crímenes de estado,….. planeados, coordinados y ejecutado (o co-ejecutados) por agentes del DAS y siguiendo ordenes directas del establecimiento de turno, en desarrollo de oscuras políticas dirigidas a eliminar  líderes políticos y activistas sociales que eran vistos como una amenaza dado que las reformas estructurales que planteaban en sus discursos políticos o los derechos que reclamaban iban en contravía de los intereses de las oligarquías locales, los mentores gringos y sus multinacionales.

Bajo un sistema político e institucional totalmente co-optado por las oligarquías y las mafias criminales, es utópico pensar en la eliminación del DAS, no obstante el debate en si mismo constituye una gran oportunidad para que la opinión publica reflexione sobre si realmente disfrutamos de ese derecho del que tanto hacen alarde los gobiernos, politiqueros y sus medios prepago: que a diferencia de otros países vecinos, en Colombia si hay libertad de expresión, conciencia, opinión, prensa y disentimiento. No solo los hechos recientes sino una revisión superficial de la historia les demostraran que todo eso no es más que retorica, propaganda…una farsa. Las opiniones y pensamientos críticos, y el derecho a la protesta solo son permitidos en la medida que para el establecimiento no constituyan  una amenaza para la “institucionalidad y seguridad nacional” (el pretexto de las últimas décadas en reemplazo de la declaración del estado de sitio que tan frecuente se implantaba hasta la era Turbay).

La diferencia en la manera como se manejan estas “perturbaciones” en un estado totalitario como Colombia y uno que se autoproclama “artífice y protector de la democracia” como en Estados Unidos, es que en Colombia en la mayoría de los casos, las fuerzas policiales asesinan vilmente a los opositores y rebeldes (léase, profesores, líderes sindicales, activistas de derechos humanos, periodistas, estudiantes, supuestos guerrilleros….) mientras que en Estados Unidos los despiden de sus empleos, los desacreditan política y socialmente, los relegan,…y en algunos casos los judicializan. Claro está que la “benevolencia” de los gringos comparada con la crueldad del estado colombiano, solo es mostrada en su propia casa. Por fuera de sus fronteras, cometen y patrocinan los más horrendos crímenes y actos terroristas. 

viernes, 15 de octubre de 2010

El computador del mono Jojoy: La coartada que hacia falta para tapar el terrorismo de estado

Para el gobierno de Santos/Uribe (o es Uribe/Santos??) el éxito del bombardeo brutal e indiscriminado contra el campamento de Jorge Briceño (el mono Jojoy) no lo miden en términos de que tanto hayan minado la moral y capacidad militar de las FARC, ni siquiera el hecho mismo de haber masacrado al Mono Jojoy; sino por la inmensa oportunidad que tienen ahora con los computadores que supuestamente encontraron en las ruinas del campamento (que raro!!, el bombardeo fue tan brutal que incineraron hasta las plantas rastreras y solo los computadores no se quemaron??!!!...quedaron intactos!!) para manipular la información que allí encontraron y desviar la atención (y posiblemente las investigaciones) de las tantas actividades criminales cometidas por el gobierno de Uribe; crímenes que, para calmar las presiones de la comunidad internacional, decían estaban bajo investigaciones exhaustivas, claro está hasta ahora que encontraron el chivo expiatorio perfecto que les permitirá auto exonerarse de todo.

El supuesto computador del mono Jojoy les cae como anillo al dedo pues les permite fabricar pruebas que inculpen a las FARC de la gran mayoría, sino de todos los crimines de estado que ocurrieron durante la era narcoparauribista.  No de otra manera se puede explicar la prontitud y diligencia con que, justo después del bombardeo, sea el propio Santos el que convoque ruedas de prensa, intervenciones por televisión, etc,, para notificarle a los colombianos sobre los hallazgos en los computadores, y exonerar de tajo a su mentor el paraco Uribe de todos los actos criminales y terroristas que monto en contra de opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, jueces; incluso contra el mismo con el fin de hacer aparecer que su gobierno también era victima del “terrorismo” de las FARC. Recordemos los casos más representativos:

·      Autoatentado/burro-bomba en la costa durante su primera campana;
·      Asesinato de su mas cercano “amigo” Pedro Juan Moreno
·      Autoatentado/bomba en la escuela superior de guerra en Bogota;
·      Autoatentado/bomba en el barrio Gaitan
·      Atentado terrorista contra German Vargas;
·      Reciente atentado/bomba en el edificio de los estudios de Caracol;
·      ………………..

Adicionalmente a la inculpación de las FARC por los anteriores hechos, ahora resulta que el gobierno de Uribe/Santos encontró también en la memoria del computador del mono Jojoy, pruebas de que las FARC tenían planes de envenenar al paraco Uribe, de atentar contra embajadas, etc…… Que persona medianamente cuerda puede considerar que estas burdas tácticas son serias?!! Que Patéticos!! Todo esto con el único propósito de neutralizar, desviar o minimizar las denuncias criminales por las chuzadas, persecuciones y asesinatos de civiles inocentes (estos si hechos reales); y por supuesto, el efecto mas mediatico, para contrarrestar las sospechas que rondan por todas partes sobre la autoria intelectual del gobierno parauribista en los atentados terroristas anteriormente señalados, olvidando incluso que algunos de ellos ya han sido plenamente confirmados.

Como van las cosas y si las FARC no se apresuran a contrarrestar y desmentir la propaganda de inculpación y desprestigio que ha emprendido el actual gobierno, en la próxima rueda de prensa Santos va a contarle a los colombianos que en el computador del mono Jojoy también han encontrado pruebas de que las FARC tenían infiltrado el Ministerio de Agricultura y que fueron unos infiltrados guerrilleros los responsables de la repartija de los miles de millones del programa AIS; que infiltrados de las FARC fueron los que organizaron la piñata de notarias para la reelección de Uribe; que fueron ellos también los que mandaron las tulas de dinero para financiar el referendo; que fueron ellos los que engañaron a miles de humildes jóvenes desempleados para trasladarlos a poblaciones lejanas y luego masacrarlos para hacerlos aparecer como guerrilleros; que fueron también las FARC los que organizaron el complot contra la corte suprema de justicia; que fueron también infiltrados de la guerrilla los que chuzaron y persiguieron a jueces, periodistas, lideres sindicales, opositores políticos y defensores de derechos humanos;…………….. Dirán ellos (Uribe/Santos), que encontraron la coartada perfecta que estaban esperando, pues ahora podrán lavarse las manos y decir que  todos estos crímenes y escándalos los planearon y cometieron las FARC con el propósito de desprestigiar a Uribe y su gran gobierno!!!

jueves, 14 de octubre de 2010

Homenaje a los soldados colombianos: Homenaje a Héroes o a Villanos?

Una escasa minoría de colombianos tienen conocimiento de la existencia de la Escuela de las Américas (EDA; SOA siglas en Ingles), una escuela militar localizada en Georgia USA; y mas grave aun, seguramente una minima minoría de esa minoría tendrán conocimiento del tipo de formación y entrenamiento militar que reciben los militares que desde países como Colombia son enviados a tomar cursos en esa mal llamada “escuela”. Menos aun estarán al tanto de que en los últimos años movimientos de activistas y organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos están luchando por el cierre de ese cuartel de entrenamiento de terroristas y asesinos, lucha que se está expandiendo a muchas otras partes del mundo conjuntamente con movimientos populares y organizaciones que protestan y exigen el cierre de los cientos de bases militares gringas apostadas alrededor del planeta.

El ejemplo mas visible es la organización School of the Americas Watch (SOA Watch), cuyos activistas han venido denunciando algo que realmente no es nuevo para quienes conocen a fondo la perversa política exterior y la destructiva historia de intervención militar y dominación que los gringos han ejercido especialmente en países subdesarrollados a nivel global, pero especialmente en la región latinoamericana. Los casos mas representativos, por la crueldad y grado de sevicia con que los escuadrones de la muerte formados en la Escuela de las Américas actuaron en contra de sus propios conciudadanos en países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile, Argentina y la propia Colombia, han sido abundantemente documentados (solo una muestra, lean Empire’s Workshop). Un sinnúmero de genocidios y actos criminales han sido ejecutados en estos y en muchos otros países que se han resistido a la dominación gringa, por sus propios habitantes pero camuflados en uniforme militar y lavados el cerebro para que apliquen al pie de la letra la denominada “doctrina contrainsurgente”, materia central de los cursos de entrenamiento en la ominosa Escuela de las Américas.

Los registros del numero de militares latinoamericanos (con nombre propio y fechas de los cursos) formados y entrenados en esta escuela son para escandalizar a cualquiera que tenga una minima noción de los intereses que realmente están detrás de la falsamente divulgada cooperación gringa para la defensa de la democracia y libertades en sus países clientes. Intereses que los defienden y protegen haciendo uso de las propias fuerzas militares locales pues el entrenamiento que les dan en la EDA les permite asegurar el control y neutralización de cualquier intento de levantamiento popular o “subversivo” en contra de su dominación y explotación utilizando los métodos propagandísticos, represivos y terroristas que para la mayoría del pueblo colombiano son muy familiares pues los ha sufrido por décadas.

En el siguiente link encontraran una muestra de la extensa lista de “alumnos” colombianos de esta infame escuela de sicarios: http://www.soaw.org/index.php?option=com_lqm&task=showPane&application=2&query=1&Itemid=57

Por lo extenso del archivo hemos filtrado solo los nombres de los “alumnos” colombianos, pero quienes tengan interés (y capacidad en su computador de almacenar grandes archivos) en el mismo link podrán bajar el archivo completo en excel con los registros de todos los países. 

El número de militares de diferentes países latinoamericanos que han pasado por esta escuela es escandaloso. En el caso Colombiano, por ejemplo, hasta el año 2004, aparecen registrados cerca de 10,000 militares. Eso sin contar los miles que habrán pasado en los últimos 6 años ya que a partir del 2004 (la era de Uribe…que coincidencia!!) la escuela se ha negado a suministrar datos sobre sus alumnos. A primera vista, la cifra parecería minima comparada con el total de efectivos que hoy conforman las fuerzas armadas (alrededor de 400,000). Lo que produce terror es que los egresados de esta escuela, una vez en Colombia, unos son enviados al terreno y muchos otros a impartir instrucción en los batallones y escuelas de formación de oficiales y sub-oficiales de las fuerzas armadas. Es decir, lo que esta escuela hace no es solo formar directamente escuadrones y asesinos en potencia sino futuros instructores quienes en sus países de origen son encargados de la tarea de replicar y multiplicar la doctrina de guerra y practicas terroristas aprendidas en los cuarteles de sicarios gringos. Causa terror también pensar que las fuerzas armadas del país están conformadas por asesinos o asesinos en potencia dispuestos a asesinar a cualquier ciudadano que se oponga, resista o denuncie la explotación y represión ejercida por las clientelas elitistas colombianas a través de las cuales los gringos ejercen el control político y económico del país.

Por eso es que da grima ver como cada final de año (este año ya empezó) los medios de comunicación serviles montan campañas de recolección de dinero dizque para rendirles tributo y premiar/recompensar la labor “humanitaria y patriota”  de los soldados colombianos. Como héroes de la patria se refieren en los comerciales de radio y televisión que promocionan estas campañas!!!.

Desde estas páginas conminamos a que ese pueblo ignorante, aletargado, manipulado, sometido, servil, sordo y ciego se despierte por fin y diga NO!! a estos llamados patrioteros de apoyo y admiración a sus propios victimarios!!!..... 

PD. Informan las noticias de la mañana de hoy que en una mina localizada en el municipio de Tasco Boyacá hay dos jóvenes mineros atrapados en la mina. Poca o minima atención a tenido esta tragedia por parte de las autoridades nacionales y medios de comunicación. Contrario al manejo dado por el gobierno chileno, los gobiernos departamental y nacional colombianos han abandonado al alcalde de Tasco a su suerte. Talvez sea porque la empresa minera involucrada no es una multinacional que solo actúa para evitar una baja en el precio de sus acciones y el deterioro de su imagen internacional. Como no hay intereses de multinacionales involucrados, la suerte de los trabajadores en la mina de Tasco dependerá solo de lo que puedan hacer sus vecinos y autoridades locales… al igual que sucedió con la tragedia en la mina de Antioquia donde hace dos semanas murieron 73 mineros…… Que ignominia!!!   

miércoles, 13 de octubre de 2010

La Colombia racional y decente pide que la Corte Penal Internacional juzgue a Uribe

Diversas opiniones ha generado la noticia de que el narcoparaco Uribe será investigado por la comisión de acusaciones del congreso. A nivel nacional, como todo lo que rodea y tiene que ver con el narcoparaco, la noticia ha sido manipulada a tal punto que la galería que traga todo entero terminara creyendo que el hecho que haya sido el mismo Uribe quien se haya puesto a disposición de la corte (aunque no es competente para investigarlo) y del congreso constituye ya una demostración de su honestidad e inocencia.

No se dan cuenta que todo obedece a una estrategia cuidadosamente montada por los secuaces que rodean al paraco, en respuesta a las decisiones recientes de la procuraduría (que también son parte de la estrategia); pero sobre todo, para quitarle fuerza a las investigaciones judiciales que están próximas a cerrarse en la corte suprema y la fiscalía y que también cobijaran a sus muy cercanos secuaces.

Si esa galería que todo lo pasa entero algún día se despertara, o las escasas minorías que no son alérgicas a la realidad se pronunciarán, lo que debería ser noticia es que lo que los colombianos reclaman es que la corte penal internacional actué e inicie cuanto antes un proceso contra este criminal. Solo cuando eso suceda se hará justicia. Las investigaciones en el congreso no son más que un burdo sainete del cual el paraco Uribe saldrá más fortalecido que antes; y con mas ínfulas no solo para seguir cogobernando/destruyendo el país sino  para asegurar la alcaldía de Bogotá.

Dirán algunos bogotanos que eso no ocurrirá pues la ciudad se ha caracterizado por poner la votación de opinión más alta del país. Yo les respondería que eso tal vez fue parcialmente cierto pero hasta hace unos 10 años atrás y solo durante un periodo muy corto. El hecho que hayan elegido a un inepto, incompetente e idiota como Samuel Moreno es una clara demostración de la decadencia política, corrupción y estado de clientelismo al que ha llegado la ciudad.

Así las cosas, no será sorpresa que el paraco Uribe sea el próximo alcalde de los bogotanos (ya tiene lista la valla de su campana). El país tendrá parauribismo por muchas décadas por venir…..ya el delfin mayor del paraco, el negociante (digo, empresario) Jerónimo recibió la credencial de VIP del partido de la U, así que prepárense para verlo muy pronto en el congreso  legislando sobre las zonas francas, la disposición de basuras, los negocios de artesanías, las notarias, etc.


"It is said that power corrupts, but actually it's more true that power attracts the corruptible.
The sane are usually attracted by other things than power."

-- David Brin
(1950- ) Author

Colombia: la oportunidad del presidente Santos de poner fin al conflicto

Por la objetividad, importancia y actualidad del informe republicamos  a continuacion el mas reciente documento publicado por International Crisis Group sobre la situacion del conflicto en Colombia y las oportunidades del gobierno de Santos para ponerle fin.......

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES
El presidente Juan Manuel Santos, que inició su período de gobierno el 7 de agosto de 2010, tiene la oportunidad de poner fin al prologando conflicto armado de Colombia basándose en la estrategia que durante ocho años siguió su antecesor pero a la vez ajustándola e ampliándola sustancialmente. El enfoque predominantemente militar de Álvaro Uribe –la “política de seguridad democrática”– logró avances importantes en materia de seguridad, pero Colombia sigue acosada por nuevos grupos armados ilegales y otros actores criminales. Por concentrarse sobre todo en combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el gobierno anterior no prestó suficiente atención a otras fuentes de violencia y, lo que es más importante, no abordó las causas subyacentes del conflicto. Santos, quien fue elegido por el mayor número de votos en la historia del país, debería aprovechar su capital político para poner en marcha una estrategia de resolución del conflicto más integral que emprenda las reformas institucionales y estructurales indispensables para hacer frente a la ilegalidad y la impunidad, ampliar el acceso a los servicios estatales y enfrentar los problemas relacionados a la tierra y los derechos de las víctimas.
Las FARC y el ELN se han debilitado notoriamente pero no han sido derrotados. Las FARC, que todavía tienen en sus filas entre 8.000 y 10.000 combatientes, se han adaptado parcialmente a la fuerte presión militar y han establecido alianzas con los nuevos grupos armados ilegales, lo cual ha expuesto a la población civil desprotegida –en especial las comunidades indígenas y afrocolombianas– a una situación de violencia cada vez más aguda. Las fuerzas armadas han visto menoscabada su reputación por haber sido acusadas de miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH), debidas en parte a la obsesiva búsqueda de éxitos militares. Con las relaciones diplomáticas con Venezuela en el punto más bajo, el gobierno de Uribe no pudo controlar los movimientos transfronterizos de drogas, armas y grupos armados ilegales. Pese a las costosas iniciativas emprendidas contra el negocio de la droga, Colombia tiene el mayor número de hectáreas de cultivos de coca en el mundo y responde por un porcentaje sustancial de la producción mundial de cocaína.
El gobierno de Uribe intentó consolidar los logros en materia de seguridad ampliando y fortaleciendo la presencia de las instituciones estatales en zonas que anteriormente estaban dominadas por los insurgentes y produjo algunos resultados iniciales positivos en dos regiones piloto. Sin embargo, los éxitos obtenidos se ven opacados por las persistentes amenazas de diversos grupos armados ilegales y por una desconfianza en las autoridades que impiden que los habitantes de esas zonas se arriesguen a participar abiertamente en programas estatales. Las iniciativas de consolidación también se han visto afectadas por un marco jurídicamente débil y financieramente incierto; una coordinación deficiente de las funciones militares y civiles; demoras y problemas en la restitución de tierras a las víctimas del conflicto; y el acceso limitado de los ciudadanos afectados por la violencia a oportunidades de generación de ingresos por vías legales. Las víctimas y las organizaciones que las defienden sufren amenazas de muerte, en tanto que la aplicación del marco de justicia transicional se ha caracterizado por la lentitud en establecer la verdad detrás de los crímenes atroces, judicializar a los responsables y dar una reparación integral a las víctimas.
Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y se espera que siga ejerciendo presión militar sobre los insurgentes. Sin embargo, también debería corregir las fallas de las políticas de su antecesor y poner en marcha reformas esenciales. Los aspectos militares y de aplicación coercitiva de la ley deberían respetar plenamente los derechos humanos y el DIH. Simultáneamente el presidente debería aplicar una estrategia de seguridad ciudadana integral tanto en las zonas rurales como en las urbanas, que aborde amenazas como la expansión de los nuevos grupos armados ilegales, el tráfico interno de estupefacientes y la violencia contra las víctimas. Se requieren reformas para hacer frente a los persistentes problemas de corrupción, impunidad e influencia de intereses criminales en la política y el gobierno, con el fin de expandir el estado de derecho y, por consiguiente, dar mayor legitimidad a las instituciones del Estado.
Para avanzar en la política de “prosperidad democrática” que Santos ha anunciado como sucesora de la política de Uribe, el presidente debería ampliar el acceso a los servicios públicos y a programas de desarrollo alternativo y acelerar la restitución de las tierras. Otro desafío importante al que debería hacer frente es la reconstrucción de las relaciones con Venezuela y Ecuador, como prerrequisito para la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, y para comprometer a todos los países vecinos en el establecimiento de unos mecanismos de seguridad regional eficaces.
El nuevo presidente ha indicado que está dispuesto a negociar en algún momento con las FARC y el ELN. Es una medida prudente y debería adoptarse activamente, puesto que una victoria militar total sigue siendo improbable. Las propuestas iniciales del nuevo gobierno en lo relativo a cuestiones de tierra, reforma judicial y derechos de las víctimas, entre otras cosas, sugieren que planea trascender el legado de Uribe para dar una respuesta más integral a la amplia gama de problemas que alimentan el conflicto, algo que de todos modos es preciso hacer si se quiere consolidar una paz sostenible.
Poner en marcha reformas esenciales como parte de una agenda integral para la resolución del conflicto será imposible sin una amplia coalición política y social. Algunas condiciones parecen favorables. Con el capital que le aporta su arrollador triunfo electoral, Santos inicia su gobierno con un fuerte apoyo del Congreso, los medios de comunicación y el grueso de la población. Ha demostrado una disposición alentadora a efectuar consultas amplias que ha contribuido a la palpable sensación de luna de miel política en Bogotá y que es esencial para mantener el apoyo necesario. Sin embargo, en la medida en que avance en cuestiones como la tierra, que afecta los intereses particulares de muchos poderes en el Congreso y el país, es probable que enfrente una resistencia que pondrá a prueba tanto su compromiso como su capacidad para llevar a Colombia hacia una nueva era.
RECOMENDACIONES
Al gobierno de Colombia:
1.  Garantizar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH) mediante:
a) la aplicación rigurosa de las normas de los derechos humanos y el DIH;
b) el traslado de todos los casos de violaciones de los derechos humanos y el DIH por miembros de las fuerzas militares que incluyan víctimas civiles de los tribunales militares a los ordinarios;
c) el fortalecimiento financiero y técnico de las unidades de la fiscalía y la procuraduría responsables de investigar las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos y el DIH; y
d) la expedición de un decreto presidencial revisado que reconozca la legitimidad de los defensores de los derechos humanos, ordene que todas las fuerzas de seguridad adopten medidas para protegerlos y prevea consecuencias específicas para las personas y entidades que incumplan.
2.  Establecer una política de seguridad ciudadana más eficaz e integral mediante:
a) el mantenimiento de una fuerte presión militar sobre los insurgentes, combinada con la aplicación coercitiva de la ley contra los nuevos grupos armados ilegales, con el apoyo que se requiera de las fuerzas armadas en materia de inteligencia y logística, en el contexto de una estrategia integral de solución del conflicto que utilice eficazmente los nuevos mecanismos para hacer frente a los grupos criminales establecidos en los últimos días del gobierno de Uribe (Decreto 2374);
b) la investigación y judicialización de cualquier vínculo de los grupos armados ilegales con las autoridades estatales, incluidas las fuerzas de seguridad;
c) el diseño de una estrategia de seguridad ciudadana que ponga énfasis en la prevención del delito tanto a nivel urbano como rural, preste particular atención a los problemas de las comunidades indígenas y afrocolombianas y establezca responsabilidades claras y mecanismos de cooperación entre el ejército y la policía y entre las autoridades nacionales y regionales; y
d) el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo; el mejoramiento de la coordinación entre ésta y el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT); la publicación de sus informes de riesgos; y el establecimiento de consecuencias para las personas y entidades que no respondan de manera adecuada.
3.  Mejorar la política antinarcóticos mediante:
a) la adjudicación de una mayor ayuda financiera y técnica para iniciativas de desarrollo alternativo;
b) la asignación de prioridad a la erradicación manual voluntaria por encima de la erradicación manual forzada o la erradicación aérea; y
c) la integración de las medidas de seguridad, erradicación, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional mediante una mayor coordinación entre las autoridades nacionales y locales.
4.  Consolidar la seguridad ampliando los servicios estatales y el estado de derecho en zonas anteriormente dominadas por los insurgentes, incluso mediante:
a) la presencia de la fiscalía, la procuraduría y la defensoría del pueblo en las zonas de consolidación;
b) la asignación de un presupuesto específico para el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI); el fortalecimiento de su estatus jurídico; el acceso directo de sus directivos al presidente; y la asignación de un presupuesto específico, relacionado con la consolidación, en todos los ministerios pertinentes;
c) la garantía de un liderazgo civil en el diseño y la ejecución de los planes y programas para las zonas de consolidación; y
d) el mejoramiento de la coordinación entre el ejército y la policía para que la población esté adecuadamente protegida en todo momento, incluso cuando se esté utilizando la fuerza contra los grupos armados ilegales; y el suministro de capacitación y recursos apropiados a la policía, de modo que pueda defender mejor el estado de derecho contra estos grupos y proteger a la población civil.
5.  Luchar contra la corrupción y la influencia delictiva en la política mediante:
a) la continuación de las iniciativas para fortalecer la independencia, la rendición de cuentas y la eficiencia del sistema judicial, incluso con la división del Ministerio del Interior y de Justicia para conformar dos ministerios separados;
b) el mejoramiento de la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control externo e interno de las instituciones estatales en todos los niveles como medida de protección contra la influencia e infiltración de intereses criminales;
c) el aumento de recursos pertinentes, incluso en los tribunales especializados responsables de la confiscación de bienes adquiridos como producto del narcotráfico y otras actividades delictivas, y mediante el nombramiento de más jueces y fiscales; y
d) el pleno apoyo a las investigaciones judiciales sobre la presunta participación de altos funcionarios públicos en las operaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de la presidencia; la promulgación de una ley para eliminar el DAS; y el establecimiento de un sector de inteligencia coordinado y eficaz, bajo la supervisión del Congreso y del estamento judicial.
6.  Hacer valer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la protección mediante:
a) el logro de la promulgación de leyes, entre ellas la Ley de Tierras y cualesquiera otras medidas complementarias que se requieran, y la asignación de fondos suficientes para su aplicación, con el fin de restituir la tierra a las víctimas y garantizar condiciones de seguridad, oportunidades de desarrollo y asistencia técnica para quienes regresen a sus tierras;
b) la adopción de medidas tendientes a impedir que intereses criminales se apropien de la tierra, particularmente en las regiones de La Macarena y Montes de María;
c) el fortalecimiento, tanto técnico como financiero, de las Unidades de Justicia y Paz de la fiscalía y de las unidades pertinentes de la procuraduría y la defensoría del pueblo; y
d) el logro de la promulgación de la Ley de Víctimas, y la asignación de fondos suficientes para su aplicación, que prevea la reparación integral de todas las víctimas –incluidas las víctimas de abusos estatales– y la participación protegida de las víctimas en los procesos judiciales.
7.  Mejorar el programa de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), particularmente mediante el fortalecimiento de los componentes relativos al empleo y la adopción de medidas para impedir el reclutamiento de los ex combatientes por los nuevos grupos armados ilegales.
8.  Establecer y seguir activamente un mapa de ruta para las negociaciones con las FARC y el ELN con el objeto de poner fin al conflicto sin agravar la impunidad y considerar la mejor manera de aprovechar un posible apoyo de terceros a un proceso de negociación y paz.
9.  Buscar el establecimiento de mecanismos de seguridad transfronteriza eficaces, empezando por el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Ecuador y Venezuela y el fortalecimiento de la cooperación regional a través de la UNASUR y la OEA.
A la Corte Suprema de Justicia:
10.  Reconocer el daño que implica cualquier aplazamiento adicional y llegar a un rápido acuerdo sobre el nombramiento de un distinguido fiscal general.
Al Congreso:
11.  Asignar prioridad al debate y la promulgación de la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas;
Al gobierno de los Estados Unidos:
12.  Seguir condicionando la ayuda a las fuerzas de seguridad a que se respeten plenamente los derechos humanos y se elimine cualquier vínculo con organizaciones criminales, y evaluar el cumplimiento con mayor rigurosidad, incluso exigiendo progresos en el procesamiento judicial en tribunales civiles de los casos de ejecuciones extrajudiciales en los que hayan participado miembros de las fuerzas de seguridad.
13.  Cerciorarse de que los componentes económicos y de gobernanza de la ayuda otorgada a Colombia constituyan no menos de la mitad del total, al tiempo que se incrementan los recursos para el desarrollo de cultivos alternativos, el fortalecimiento institucional y el empoderamiento de las comunidades locales.
14.  Anunciar el apoyo a la exploración de negociaciones para poner fin al conflicto, incluida una facilitación por terceras partes si el gobierno de Colombia la solicita.
A la comunidad de donantes:
15.  Mantener y fortalecer su presencia mediante:
a) el apoyo continuo a las instituciones estatales responsables de la Ley de Justicia y Paz y a los derechos de las víctimas, incluido el derecho a recuperar sus tierras;
b) la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo rural e institucional alternativo, en particular las iniciativas impulsadas por las comunidades;
c) la ayuda prioritaria a las iniciativas de consolidación de la seguridad bajo liderazgo civil y a las iniciativas que velan por que las comunidades indígenas y afrocolombianas disfruten de la protección de los derechos que les garantizan la Constitución nacional y los instrumentos internacionales, incluidas consultas previas respecto de los planes de inversión a nivel regional y nacional.
Bogotá/Bruselas, 13 octubre de 2010 


El informe completo en version en Espanol estara disponible dentro de poco, pero para quienes quieran leerlo en Ingles en el siguiente link lo encontraran...


http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/34%20Colombia%20-%20President%20Santoss%20Conflict%20Resolution%20Opportunity.ashx

miércoles, 6 de octubre de 2010

Sobre noticias del día que no son noticias sino burda propaganda o avisos publicitarios

Dependiendo del periódico, emisora o noticiero de televisión que hayan leído, escuchado o visto esta mañana, los colombianos se despiertan hoy entre sorprendidos y confundidos con la noticia de que el expresidente Uribe asumirá la responsabilidad por las actuaciones de su secretario privado por el caso de las chuzadas del DAS. Por supuesto, la mayoría que aun sigue bajo la anestesia del parauribismo  interpretarán (o así les harán creer los medios prepago) la actitud de Uribe como un acto de “transparencia y honestidad” y que sus declaraciones lo que demuestran es que “es un hombre tan inocente que no le da miedo someterse a la justicia”.

A nadie le pasa por la mente que lo que realmente significa el pronunciamiento de Uribe es una afrenta, y un acto mas de amedrentamiento y desafío a la corte suprema, y esta vez también a la fiscalía, como quiera que lo que sigue ahora es el enjuiciamiento penal de su exsecretario y de los demás secuaces cercanos que lo acompañaron en su narcogobierno. Afrenta también porque declarar que se someterá a que la Corte Suprema de Justicia lo investigue es un saludo a la bandera ya que esta instancia no es competente para investigarlo; y aun si le abrieran una investigación en la comisión de acusaciones del congreso, como también lo ha pedido, su absolución está asegurada de antemano pues el parauribismo (disfrazado de partidos como la U, PIN, PUUM, BLOOM, etc.) cuenta con las mayorías absolutas y todos sus paracongresistas responderán como perros falderos a cualquier orden del expresidente.  
   
Su estratégico pronunciamiento también hay que leerlo como un anticipo a la pelea que dará su exsecretario mediante la apelación en segunda instancia ante la misma procuraduría, de la cual seguramente saldrá  exonerado, pues no hay duda de que el procurador de bolsillo lo único que quería era apagar el incendio que generó con la sanción política y disciplinaria a Piedad Córdoba. Y como para el tiempo de esa apelación ya otro escándalo habrá hecho olvidar el anterior, la exoneración de Moreno no va a causar mayor revuelo pues el propósito último, al igual que con el caso del primo de Uribe, es quitarle peso legal a las investigaciones penales que adelantan la CSJ y la propia Fiscalía. No lo duden,  un enredo como el de las chuzadas, en un país que veneran a falsos intelectuales, estadistas y gobernantes, lo que le dará a Uribe es mayores  ímpetus y poder para seguir influenciando pero destructivamente en el manejo del país.

Ni que decir de la otra noticia sobre la incautación de varias caletas de narcotraficantes con cientos de millones de dólares. Cabe preguntarse quién controla el manejo y destino final de esa plata? La oficina de estupefacientes solamente? Al momento del hallazgo de las caletas por parte de personal de la policía o del ejercito, que otras autoridades judiciales son notificadas previamente al conteo de la plata para que actúen como auditores?  Quien vigila el transporte y la entrega del dinero a las autoridades pertinentes?

Frente a la mentalidad y cultura mafiosa que caracteriza a la mayoría de colombianos, no es difícil imaginarse la reacción de júbilo y primeras acciones de un grupo de policías  que se tropiezan con unas canecas o bolsas llenas de millones de dólares en una zona aislada donde únicamente ellos tienen acceso.

Dicen que todo o parte de ese dinero incautado sería entregado a las autoridades gringas. Acaso no hay una autoridad judicial o un periodista acucioso, que no sea de los prepago, que le cuente a los colombianos bajo que marco constitucional/legal esa plata incautada termina en las arcas gringas? Quien verifica que eso realmente ocurre?  Quien puede explicar y demostrar que parte del dinero incautado que queda en Colombia es destinado a buen uso? En un país con los niveles de pobreza como Colombia, que haya mercado para carros de más de 200 millones de pesos (y que se vendan incluso como pan caliente) explica claramente que la plata incautada simplemente esta cambiando de manos (de los narcos a policías, soldados, funcionarios públicos).
Da risa escuchar a los gurús de la economía criollos tratando de explicar las causas de la devaluación del peso durante los últimos años. Los miles de millones de dólares circulando por todas partes de la economía del país y ellos ni se inmutan!!

El control del exceso de dólares en el mercado por parte del Banco de la Republica (narcodólares, aunque ellos no lo quieren reconocer) mediante la compra de 20 millones de dólares suena ridículo comparado con el monto de las caletas…...120 millones hoy por aquí, otros 100 millones mañana en un parqueadero y así sucesivamente; y eso sin contar los millones que disfrazados de dólares legales se transan todos los días en el mercado formal e informal. O acaso hace apenas 10 años atrás alguien recuerda haber visto Ferraris y otras marcas de lujo en las vitrinas de los concesionarios, calles y parqueaderos?

Será que alguna mañana la prensa escrita, radial o la televisión profundizan en algo distinto a los detalles de la vida de Ingrid Betancourt y otras celebridades que en nada afecta la vida de los colombianos?

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