lunes, 30 de septiembre de 2013

Los atroces crímenes del conflicto interno que el gobierno de Santos pretende que se ignoren


La opinión pública colombiana no había aun digerido las declaraciones (la mayoría ni siquiera leído la carta) de Timochenko insinuando que sus negociadores en la Habana podrían levantar el acuerdo de confidencialidad, cuando ya los medios prepago estaban disparando acusaciones y amplificando la propaganda del gobierno sobre que las FARC no tienen voluntad real de paz y que una vez más estaban engañando al pueblo colombiano.  

Las declaraciones de Timochenko se dieron en respuesta al comportamiento erratico, arrogante, desafiante y contradictorio de Santos en la conducción de los diálogos de paz de la Habana, pero ese hecho no les merece a los medios prepago ningún comentario, mucho menos un análisis crítico.

La oportunidad no puede ser más propicia para revivir también el tema álgido sobre reconocimiento de las víctimas y el sometimiento a la justicia de los victimarios, exigencias que insólitamente solo aplican para una contraparte del conflicto, la guerrilla de las FARC.

Para el gobierno de Santos, su camarilla de áulicos y secuaces, y sorprendentemente para una gran mayoría de colombianos, la única parte en quien recae todo el peso de la responsabilidad de que las negociaciones sean exitosas o no, son las FARC.  De ahí que cuando temas críticos como el de las victimas salen a flote, las presiones solo están dirigidas a las FARC; como si solo contaran las víctimas de una lado; o peor aún, como si lo que el país ha sufrido por mas de 50 años no es un conflicto entre el estado colombiano y un grupo de colombianos que fueron forzados a alzarse en armas, sino una guerra frontal de un grupo de delincuentes en contra de la población colombiana, en la cual el papel del estado ha sido el de un simple, inofensivo y pasivo espectador (o incluso también víctima, como muchos lo presentan).

Las masacres, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, las persecuciones y asesinatos selectivos de líderes sindicales, sociales, de defensores de derechos humanos, etc., cometidas por el estado durante los más de 50 años de conflicto, directamente o en colusión, o por intermedio de sus brazos paramilitares, y que ha cobrado la vida de cientos de miles de colombianos, no cuentan.  Crímenes que han sido y siguen siendo cometidos en desarrollo de procedimientos y doctrinas militares estándar no solo en Colombia sino en muchos otros países donde gobiernos títeres de poderes extranjeros enfrentan un enemigo interno que representa una amenaza para el régimen de turno impuesto y para los intereses económicos de las oligarquías políticas y empresariales nacionales y sus patrones internacionales.

Si se trata de calificar la monstruosidad de los crímenes, el solo hecho de que los anteriormente señalados hayan sido cometidos por el estado que supuestamente está para proteger a sus ciudadanos, debería ser suficiente para que el pueblo colombiano exigiera que sus autores, determinadores y ejecutores fueran condenados ejemplarmente; y que haya plena reparación de los familiares de sus víctimas. Ese solo hecho también es suficiente para calificarlos como crímenes de lesa humanidad. Pero como entre los victimarios están expresidentes, generales, congresistas, empresarios, miembros de las oligarquías y mafias políticas, incluso el presidente actual, lo más conveniente es enfocar la ira y las demandas hacia un solo de los bandos en conflicto.

Dentro de un conflicto interno todos los crímenes contra la población civil son repudiables, y cuando dentro de una negociación política seria se buscan mecanismos de justicia, reparación y no repetición, todos los crímenes y victimarios tienen que ser identificados, no solamente los de una parte.

No se trata de minimizar los crímenes que haya podido cometer la guerrilla, pero aun si les achacamos todos los que aún no han sido plenamente establecidos por una comisión de verificación independiente, éstos palidecen en monstruosidad y magnitud si se comparan con los del estado terrorista colombiano registrados anteriormente…

Los siguientes son los atribuidos a la guerrilla: 
  • Muertes colaterales de civiles, incluidos niños, mujeres, personas de tercera edad, como resultado de los ataques con bombas artesanales (cilindros de gas) a estaciones de policía ubicadas en centros residenciales, escolares…
  • Ejecución de políticos secuestrados como resultado de intentos de rescate suicidas por parte de las fuerzas armadas del estado colombiano….ej.: casos de diputados del Valle, gobernador de Antioquia, etc… 
  • Asesinatos selectivos de campesinos e indígenas en represalia por ser informantes del ejercito…..
  • El secuestro de civiles ajenos al conflicto……

Asi las cosas, las negociaciones que se adelantan en La Habana podrán producir un documento de acuerdos, el cual incluso puede ser refrendado, pero no pasara de ser eso,…un documento.  Una verdadera paz y reconciliación entre los colombianos solo será posible cuando los crímenes cometidos por ambos bandos del conflicto sean revelados; y sus autores intelectuales, determinadores y autores materiales sean judicializados, asi sea por una justicia transicional que establezca penas de corto plazo o simbólicas. 

A los mercaderes de la muerte enquistados en (y /o asociados con) el estado terrorista no se les puede permitir que sigan engañando al pueblo colombiano posando de buenos samaritanos y defensores de sus derechos, de su seguridad y de sus vidas, cuando lo que han hecho es precisamente todo lo contrario: masacrar, asesinar, reprimir, perseguir, intimidar, excluir, marginalizar, criminalizar, explotar y empobrecer más a los colombianos. Peor aún permitirles que sigan participando e influyendo en la actividad política nacional en calidad de candidatos a altas corporaciones como si todos esos crímenes nunca hubiesen ocurrido.

Con tantos criminales y enemigos de la paz agazapados en el estado terrorista, tal vez la siguiente entrevista sea una de las ultimas que queden para el registro historico del fracaso de los dialogos de paz en La Habana.

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