miércoles, 28 de octubre de 2015

Las falacias del Plan Colombia como determinador del proceso de paz en curso

El propio presidente Santos, por supuesto todos los funcionarios de su gobierno, y todos los analistas, periodistas locales e internacionales defensores del establecimiento no pierden oportunidad para recordar que si las FARC están hoy sentadas en la mesa de negociaciones es por los exitosas operaciones militares derivadas del Plan Colombia.

Todos, como si leyeran un libreto único, recitan que la “ayuda” otorgada por el gobierno de los EEUU a través del Plan Colombia, en su mayor parte asignada a fortalecer, entrenar y equipar militarmente a las fuerzas armadas y paramilitares del país, produjo el debilitamiento de las guerrillas, principalmente como consecuencia de los bombardeos, reduciendo su numero de combatientes de 15.000 a aproximadamente 7.000 guerrilleros, según las cifras oficiales.

Las cifras de la reducción del pie de fuerza en la guerrilla no es lo que interesa controvertir. Es cierto que el denominador común de las operaciones militares desde el rompimiento de las negociaciones de El Caguan han sido los bombardeos de campamentos guerrilleros (en horas nocturnas especialmente), pero lo que es grotescamente falso es que los únicos objetivos y las únicas victimas de esos bombardeos hayan sido guerrilleros.  Miles de civiles inocentes, principalmente humildes campesinos (entre niños, mujeres y ancianos), que vivían en o cerca de las zonas bombardeadas también han sido victimas de esas masacres.

El cuento de las bombas de alta precisión dirigidas solamente a objetivos de alto valor (HVO = High Value Objective  es el eufemismo que usan los militares gringos para identificar y asesinar a quienes ellos consideran son lideres o combatientes de grupos armados o terroristas), ha quedado al descubierto en prácticamente todas las guerras genocidas que libra el gobierno gringo en todo el mundo. Abundan reportes sobre masacres como resultado de bombardeos en Afganistan, Pakistan, Irak, etc., donde la mayoría de victimas son mujeres, niños, ancianos, y hasta médicos, enfermeras y pacientes, como el reciente bombardeo de un hospital instalado y operado por Médicos Sin Fronteras en Afganistán.

Las bombas que utilizan las fuerzas armadas colombianas no son diferentes, son también fabricadas y vendidas por compañías estadounidenses. En Colombia, son incluso militares gringos los que diseñan y dirigen las operaciones aéreas y los bombardeos.

Tiene uno que ser extremadamente cínico, estar totalmente alienado por la propaganda gringa, o sufrir de discapacidad mental para tampoco ver los cientos de miles de colombianos inocentes que han sido vilmente asesinados como consecuencia de esos bombardeos y, en general, de la guerra sin cuartel desencadenada con ocasión de la implementación del Plan Colombia. 

El Plan Colombia, vendido como estrategia de acción contra la guerrilla y el narcotráfico, en realidad ha sido y sigue siendo una estrategia de escalamiento de la guerra y violencia contra todo lo que representa una amenaza para la hegemonía de EEUU en Colombia, los intereses económicos de sus multinacionales, y el poder político e intereses económicos de sus lacayos colombianos (oligarquías, y mafias políticas y empresariales).

Esa guerra abierta contra prácticamente todo el pueblo colombiano, que el establecimiento y sus analistas prepago (locales e internacionales) no quieren que la asociemos al Plan Colombia, ha dejado cientos de miles de victimas inocentes (entre masacres, ejecuciones extrajudiciales, desparecidos,…), millones de campesinos despojados de sus tierras y desplazados dentro del territorio, millones refugiados en otros países, miles de presos políticos, miles de judicializaciones ilegales……..

Es un insulto a las victimas y a sus familiares que el propio gobierno y sus analistas fletados sigan escondiendo los efectos devastadores que ha ocasionado el Plan Colombia y en general la destructora intervención e injerencia del gobierno de EEUU en el país. 

Es también un insulto a la inteligencia de las audiencias a las que se dirigen los analistas prepago que andan difundiendo y amplificando la propaganda del establecimiento colombiano y norteamericano, presentar el Plan Colombia (y en general la intervención norteamericana) como una estrategia o política exitosa de cooperación que ha coadyuvado a que hoy se esté desarrollando un nuevo proceso de paz.  Nada mas cínico y contrario a la verdad!!!

El Plan Colombia ha sido y sigue siendo el determinador del escalamiento de la violencia y represión contra el pueblo colombiano, del afianzamiento en el poder de las oligarquías y mafias políticas testaferros de los EEUU, y la agudización de la corrupción en todos los niveles estatales (incluyendo la justicia). 

Actualizacion Noviembre 1, 2015:

Difícil cambiarle la mentalidad al colombiano de a pie sobre su percepción respecto del Plan Colombia, cuando el presidente de la República no pierde oportunidad de elogiar y amplificar sus supuestos beneficios para el país. Lean apartes de lo que dice sobre Obama y el Plan Colombia en reciente entrevista al Washington Post cuando le preguntan sobre el papel que jugo el gobierno de los EEUU en el inicio y avances del proceso de paz en curso:

"El papel de los EEUU ha sido esencial. Una de las primeras personas con las que hable hace 5 anos (cuando empece las negociaciones secretas con las FARC) fue el presidente Obama. Los EEUU nos han acompanado en todo. Cuando el Plan Colombia comenzo en el ano 2000, nosotros estabamos al borde de ser declarados un estado fallido. Puedo afirmar sin la mas minima duda que el Plan Colombia ha sido la politica extranjera bipartidista de EEUU mas exitosa de las ultimas decadas. El proceso de paz es solo una cereza en la torta."

Quienes hayan la leído prensa norteamericana o escuchado declaraciones de funcionarios del gobierno de EEUU, notaran fácilmente que Juan Manuel Santos esta leyendo/repitiendo exactamente el mismo libreto propagandístico con el que la Casa Blanca vende el Plan Colombia, el cual con nombre diferente (Plan Merida) viene implementando en Mexico desde el 2006, también con cientos de miles de victimas inocentes.  

 

lunes, 19 de octubre de 2015

Lo que los medios prepago no le informarán del acuerdo sobre desaparecidos logrado en La Habana, ni sobre la farsa electoral del próximo Domingo

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Dos noticias sobresalen en el comienzo de esta semana electoral, las cuales en lugar de ser objeto de análisis serios son manipuladas y distorsionadas por la propaganda mediática para acomodarlas a los intereses de las oligarquías y las elites políticas mafiosas que se resisten a que este país cambie.

La primera tiene que ver con la firma en La Habana del acuerdo sobre desaparecidos en Colombia.  Quien se haya tomado la molestia de leer el comunicado emitido conjuntamente por las delegaciones de las FARC y gobierno, entenderá claramente que dicho acuerdo incluye la búsqueda y ubicación de restos de civiles inocentes y combatientes desaparecidos por todos los actores del conflicto, incluyendo el Estado. No obstante, acostumbrados como están los medios prepago a distorsionar todo lo que salga de La Habana, la difusión del acuerdo y su reacciones al mismo se han centrado en hacer ver que los únicos que tienen que dar cuenta de los desaparecidos en el país son las guerrillas. El cinismo y perversidad de todos esos medios y sus pseudo analistas fletados, no les permite ni siquiera hacer referencia al informe “Basta Ya”, preparado por la comisión del Centro Nacional de Memoria creada por el propio gobierno, que da cuenta de que el 84% de los desparecidos de Colombia son atribuibles a la alianza macabra Estado-Paramilitares, solo el 2.3% a los grupos insurgentes (guerrillas) y el 14 % restante a otras organizaciones armadas no identificadas (bandas criminales).


 En su aberrante empeño por seguir incitando el odio de una gran parte de la sociedad civil contra la guerrilla, cualquier avance positivo que se logre en La Habana es manipulado y distorsionado, recurriendo a burdas y recicladas campañas mediáticas de satanización de las FARC, dentro de las cuales la de mostrarlos como los únicos victimarios del conflicto es la que más repiten y repiten.

Según la distribución de responsabilidades por actores del conflicto estimada por el centro de memoria histórica, de los 55.000 desaparecidos que investigaciones recientes dan cuenta, cerca de 46.200 serian atribuibles a la innegable alianza del Estado-Paramilitares, 1.265 a las guerrillas y 7.535 a organizaciones criminales no identificadas.  Pero claro, como la estrategia del propio gobierno es tapar e incluso negar sus crímenes, sus medios prepagos solo tienen autorización para hablar de los crímenes de las FARC y hacer entrevistas únicamente a familiares de supuestos desaparecidos por las FARC, a quienes previamente han adoctrinado e impregnado de su odio.

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La otra noticia de comienzo de semana es el anticipado fraude de las elecciones del próximo Domingo como consecuencia del trasteo de votos, inscripciones fraudulentas de votantes, incluso ya fallecidos, y anulaciones arbitrarias de miles de cédulas e inscripciones para votar por parte del corrupto Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registradora Nacional.

Aunque las practicas corruptas del sistema electoral han sido el denominador común en todas las elecciones, lo que está ocurriendo este año parecería que ya rebasó los bordes del pozo séptico que es el sistema electoral del país.  No obstante, la atención que los medios de comunicación le están dando a este hecho no es por su interés en visibilizar el extremo nivel de corrupción que ha alcanzado el sistema electoral colombiano, mucho menos por demostrarle a la opinión publica que, esta vez si, van a ejercer su papel de vigilancia y cuestionamiento serio de las actuaciones del gobierno y demás órganos estatales, sino porque, debido al desescalamiento de la guerra (gracias a la tregua unilateral de las FARC), fenómenos crónicos de corrupción estatal como los relacionados con las elecciones son imposibles de tapar o minimizar.

Hasta épocas recientes, cuando toda la atención se enfocaba en los supuestos atentados y amenazas de la guerrilla para impedir los comicios “democráticos” en zonas bajo su control, los sesgados análisis y tratamiento del elefante de corrupción electoral por parte del gobierno y sus medios prepago siempre estaban dirigidos a que los colombianos ignoraran o tuvieran una idea difusa de lo que realmente estaba ocurriendo.  Cómo permitir que los colombianos se enteren de que la denominada “democracia mas antigua del continente” es realmente una farsa!!

En esta ocasión, miles de ciudadanos están denunciando por las redes sociales que el CNE les esta notificando personalmente que están inhabilitados para votar el próximo domingo, bien porque su cédula supuestamente aparece registrada en un lugar diferente al de su residencia, o por una simple decisión arbitraria de la Registradora Nacional.  Muchos ciudadanos incluso denuncian que están recibiendo llamadas de funcionarios del CNE preguntándoles por quienes van a votar y luego de que ingenuamente responden mencionando el nombre de sus candidatos, les notifican que su cédula ha sido inhabilitada para votar.

Lo que ni el gobierno reconocerá ni los medios prepago siquiera mencionarán es que si bien el trasteo, la compra de votos y los fraudes a la hora del conteo han sido prácticas comunes a lo largo de toda la historia republicana, lo que está ocurriendo en este proceso es inédito. 

Las autoridades electorales, asociadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y con cientos de candidatos (entre corruptos, narcoparacos, etc.) a gobernaciones, alcaldías y concejos que quieren hacer elegir a como de lugar en varios departamentos y cientos de municipios del país, están usando las leyes que han sido aprobadas para combatir la corrupción en las elecciones, precisamente para favorecer a esos candidatos y perjudicar a sus rivales, quienes en un proceso transparente serian amplios ganadores e inclinarían la balanza de poderes en muchas regiones del país.

El truco es fácil de entender.  En ciudades y pueblos con mayor numero de votos de opinión, y en otras regiones donde candidatos de partidos de oposición o alternativos son los favoritos para ganar, la PGN en contubernio con las autoridades electorales, so pretexto de aplicar la ley y “garantizar un proceso electoral limpio”, están arbitrariamente invalidando inscripciones (y por lo tanto el derecho de votar) de votantes pertenecientes a grupos poblacionales que se presume votarán por el candidato equivocado; es decir por el rival del candidato preferido de los carteles de derecha que estas instituciones representan.  Esto es lo que están aplicando por ejemplo para frenar la elección de Cesar Pachón como gobernador de Boyacá, de Clara López en Bogotá y de muchos otros candidatos de oposición o independientes en otras regiones y municipios del país.

La estrategia contra grupos poblacionales que se presumen votarían a favor del candidato contrario al de las mafias queda claramente develada con la anulación de mas de 2.000 cedulas de estudiantes de la Universidad de Pamplona, para solo mencionar una de las pocas acciones corruptas que se han denunciado en los días recientes.

En Boyacá, el procurador prevaricador Ordoñez empezó a trabajar hace varias semanas. Lo medios prepago, por supuesto, le han hecho eco a la farsa de que sus investigaciones por trasteo de votos tienen el propósito de garantizar la transparencia en las elecciones. La realidad es totalmente opuesta a lo que proclama. Su objetivo es anular inscripciones de nuevos votantes (o de votantes existentes pero dispuestos a cambiar su intención de voto) en municipios de Boyacá en los que Pachón ha recibido amplio apoyo.

Todo lo anterior es solo una muestra de lo que a diario ocurre en el “nuevo país” de Juan Manuel Santos y su sequito de aduladores.

domingo, 11 de octubre de 2015

Es posible la paz en Colombia sin Alvaro Uribe?

La ultima edición de la revista Semana le dedica caratula a Uribe y plantea la pregunta: “Es posible una paz sin Alvaro Uribe’?

La pregunta de Semana de hecho ha venido repitiéndose en muchos estamentos políticos, sociales, en incluso, por parte de analistas internacionales.

Todos quienes se plantean el interrogante lo hacen únicamente sobre la premisa de que Uribe representa un amplio sector de la población colombiana bajo la sombrilla de su partido de garaje Centro Democrático, y que como tal el logro de la paz, así se firme un acuerdo con las FARC-ELN, no estaría garantizada.  Mencionan entre los obstáculos, su oposición a cualquier procedimiento de aprobación, implementación y financiamiento de los paupérrimos cambios que se deriven de los acuerdos de La Habana; algunos mencionan incluso (sugiriendo su vinculación con los paramilitares) la amenaza que representa para el proceso de reincorporación de las guerrillas a la sociedad civil y a la actividad política.

Para la gran mayoría de quienes plantean este interrogante, el simple hecho de que Uribe eventualmente manifieste públicamente que apoya el proceso de paz en curso seria la carta que hacia falta para garantizar el fin del conflicto y el inicio de una nueva etapa en paz para todos los colombianos. Nada mas ingenuo!!

No habrá paz así Uribe empiece a salir con Santos a las regiones y pueblos de Colombia a explicar los acuerdos que se han alcanzado ya en La Habana y hacer pedagogía para un nuevo país en paz. Claro, el establecimiento, sus grandes medios de bolsillo y las elites que se han beneficiado de la guerra nos harán creer que ahora si la paz es un hecho!!.  Hasta las FARC es posible que se crean el cuento y firmen a ojo cerrado el acuerdo final en Marzo del próximo año.

Algunos dirán incluso que el apoyo de Uribe facilitará el desmonte de las organizaciones paramilitares (las BACRIM, como las llama el establecimiento).  Una vez las FARC hayan firmado el acuerdo de dejación de las armas, nos harán creer incluso que el paramilitarismo ha sido desmontado,…….grandes operativos policiales y militares, capturas de paracos lideres y combatientes, procesamientos y condenas de paramilitares, shows mediáticos de entrega/sometimiento voluntario a la justicia, etc…..llenarán las paginas de la gran prensa, las pantallas de televisión y las cabinas de estaciones radiales.  Pero todo será otro burdo montaje; como lo fue la desmovilización paramilitar durante el gobierno de Uribe.

La realidad es mucho mas compleja y muy cruda por cierto, sobre todo para esa inmensa mayoría de población colombiana que ha sufrido la guerra durante mas de 5 décadas.

Nunca habrá paz en Colombia, aun con Uribe estrechándose las manos con Santos y con Timochenko, si su poder politiquero y capacidad de maniobra criminal y guerrerista se mantienen; y si sus crímenes quedan en la impunidad. El poder de Uribe no se deriva únicamente de la aceptación que tiene entre millones de colombianos alienados con su verborrea patriotera, incendiaria, sino de su condición de ser el alfil principal del gobierno de los EEUU para el desarrollo de su política exterior tanto en Colombia como en toda la región latinoamericana.

No hay que engañarse. El supuesto apoyo de EEUU al gobierno de Santos, incluso el respaldo al proceso de paz no son mas que gestos estandarizados de relaciones publicas de la política internacional gringa. Ellos tienen claro que sus intereses están en riesgo en un escenario de fin de la guerra en Colombia, incluidos sus intereses en toda la región. Para ellos Uribe es el único que les garantiza carta blanca para preservar el control político, militar y económico en Colombia,  así como la continuación de la operaciones encubiertas de espionaje, conspiración, desestabilización y de guerra sucia, e incluso operaciones abiertas paramilitares-militares, contra Venezuela, Ecuador, Bolivia, …

Tiene que ser uno muy ingenuo para creer que Uribe y su ejercito de narcoparamilitares, por mas lunáticos que sean, se atrevan a incursionar a Venezuela y montar operaciones de desestabilización contra el gobierno de Maduro por su propia iniciativa. No hay duda de que todas las operaciones desmanteladas por Maduro, y las que aun se mantienen dentro de territorio venezolano, son diseñadas y dirigidas desde Washington y sus embajadas en Bogotá y en otros países serviles de la región. Uribe, su ejercito de paramilitares, y sus renombrados sicarios del periodismo criollo, quienes a diario desde sus columnas de opinión, estudios de radio y televisión, difunden y amplifican su verborrea patriotera, son y seguirán siendo los verdaderos aliados de Washington. Estos y sus patrones en Washington son los verdaderos y mas poderosos enemigos del pueblo colombiano.

Con todo y lo desconsolador que parezca el escenario anterior, la paz de Colombia si es posible pero con Uribe fuera del escenario político. Con Uribe dentro del proceso pero solo como actor preponderante del conflicto, como victimario sometido a la justicia transicional y confesando todos sus crímenes; o enjuiciado y condenado por una corte de otro país o la corte penal internacional.  Por supuesto, este desenlace está prohibido discutirse en el país de Uribe.  No es sino leer como concluye la Revista Semana el articulo de portada que le dedica en su ultima edición:

“El expresidente Alvaro Uribe, su bancada del Congreso y los colombianos de carne y hueso que lo apoyan tienen mucho que aportarle al país.”

Aunque remoto, irónicamente seria Santos quien le haría el regalo de la paz al país,… el mismo que fuera el ministro de defensa de Uribe en la época en la que mas civiles inocentes fueron extrajudicialmente asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados, perseguidos y desplazados como consecuencia del terrorismo estatal que montó el narcoparamilitar Uribe durante su gobierno. El mismo Uribe que, luego del fracaso de su tercera re eleccion, lo convirtio en el actual presidente de los colombianos.

jueves, 8 de octubre de 2015

Las Distorsiones del Conflicto Colombiano


Escrito por Matt Peppe y publicado originalmente en Ingles el 5 de octubre de 2015 en el portal de análisis www.counterpunch.com


Hace semana y media la noticia desde la Habana fue que las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el gobierno colombiano habían definido que el acuerdo final de la paz seria firmado en un plazo de seis meses. La noticia fue aclamada como un paso importante en la solución de un conflicto que lleva mas de medio siglo y como una oportunidad para lograr la paz del pais. No obstante, los medios masivos de comunicación que siempre recitan la retorica del gobierno, omiten reconocer las causas principales de la violencia y la inevitabilidad de que esta continuará en el futuro.

A lo largo de décadas, la política del gobierno colombiano ha sido una estrategia de seguridad nacional de contrainsurgencia, desarrollada a finales de los años 50 bajo el auspicio del ejercito de los Estados Unidos. El objetivo del gobierno de Estados Unidos era mantener un sistema político amigable para los negocios mediante la implementación de políticas económicas que favorezcan a las corporaciones multinacionales y al capital extranjero. Cualquier resistencia a tales políticas era considerada subversiva, y las gentes que simpatizaban con tal resistencia eran estigmatizados como enemigos internos que debían ser eliminados o neutralizados por medios militares.

La retorica de la doctrina de seguridad nacional sostiene que si se elimina la amenaza insurgente la paz será restaurada. La presunción implícita en esa doctrina es que los rebeldes de las FARC han sido siempre el bando que se atraviesa en el camino de la paz. Según esta interpretación, cuando las FARC iniciaron sus operaciones militares el estado tenia que responder en beneficio de la nación en su totalidad organizando una respuesta contraguerrillera.

Pero esta narrativa es históricamente equivocada. El conflicto colombiano no es una pelea del conjunto de la sociedad contra un grupo de guerrilleros, sino una batalla de un grupo minoritario de élites que controlan el aparato estatal contra la mayoría de la población.

“Como en muchos otros países latinoamericanos, las semillas de la desigualdad social actual y la lucha por la concentración de la tierra y recursos de Colombia la podemos encontrar en el control ejercido por una minoría minúscula, igual que en el despojo progresivo de la mayoría de la gente, lo cual tiene sus raíces en el colonialismo del siglo XVI,” explica Jazmín Hristov en su libro Sangre y Capital: La Paramilitarización de Colombia. [1]

Una vez las FARC se constituyeron en el ala armada del partido comunista en Colombia, la doctrina contrainsurgente - desarrollada por el ejercito de EEUU. y codificada en manuales que fueron distribuidos desde los años 60 - instruyó a sus contrapartes colombianas a que consideraran cualquier forma de lucha por la justicia social o reforma democrática como forma de insurrección comunista. Además de los rebeldes armados, miembros del clero, académicos, líderes sindicalistas, defensores de derechos humanos, y otros miembros de la sociedad civil han sido convertidos en blancos insurgentes potenciales.

Para extender su alcance en la sociedad colombiana, el gobierno autorizó legalmente el paramilitarismo en 1965 con el Plan Lazo mediante la conformación de “fuerzas de defensa civiles” armadas  e integradas al sistema militar colombiano [2]. Estas fuerzas sirven el objetivo del gobierno de preservar el status quo realizando su trabajo sucio a través de escuadrones de la muerte, asesinatos, tortura, intimidación y desapariciones, al tiempo que proporcionan el encubrimiento y un aparente distanciamiento del estado en sí mismo.

El conflicto colombiano no puede ser entendido correctamente sin el reconocimiento de la naturaleza verdadera de los actores implicados y los intereses que estos representan. “El paramilitarismo nunca ha sido, mucho menos ahora, un tercer actor aislado (el estado y las guerrillas son los otros dos), tal como es presentado en los discursos oficiales de seguridad nacional,” escribe Hristov. [3]

Escribiendo en el Nueva York Times luego de que el acuerdo sobre justicia fuera anunciado, Ernesto Londoño dice que la “lucha de tres vías entre las facciones del guerrilla, las fuerzas del gobierno y las bandas paramilitares de la derecha que a menudo actuaban como testaferros del estado habían asesinado a más de 220.000 personas y desplazado alrededor de 5.7 millones.”

Dan Kovalik, profesor de derechos humanos internacionales en la escuela de leyes de la Universidad de Pittsburgh, controvierte la noción de que los paramilitares simplemente operan de vez en cuando como testaferros: “Es imposible hablar de los paramilitares como actor separado del estado colombiano, porque es el estado colombiano el que ayudó a crear los paramilitares; y los grupos defensores de derechos humanos han concluido año tras ano que el estado les ha suministrado las armas, ayuda logística y ha realizado incluso operaciones conjuntas. Incluso las cortes federales cuando han sido confrontadas con estas preguntas, bajo la Alien Tort Claims Act, han concluido que los paramilitares están tan integrados con el estado que sus acciones criminales constituyen una acción del estado.”

Además de la inexactitud al describir el conflicto, la declaración de Londoño utiliza estadísticas de la violencia acumulada sin distinguir quién es el actor responsable de las muertes y  desplazamientos. Más adelante en su columna, Londoño culpa implícitamente a las FARC de la mayoría de la violencia: “docenas de víctimas viajaron a La Habana para hablar sobre los abusos que sufrieron a manos de los líderes del guerrilla. Algunas implicaron a las fuerzas del gobierno en actos brutales… Los tribunales especiales de guerra que el gobierno intenta crear para juzgar crímenes serán asimilados a cortes de canguro por quienes han estado a favor de una derrota militar del FARC.”
Si uno acepta la retorica de la seguridad nacional según la cual la mayoría de la violencia perpetrada por el gobierno equivale solo a un daño colateral como resultado de la reacción a la agresión insurgente, entonces las guerrillas serían responsables de la mayoría de muertes y lesiones. Pero éste es apenas un caso.

Kovalik anota que los “grupos defensores de derechos humanos han concluido consistentemente que el estado colombiano y sus aliados paramilitares cometen la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en el país - en los peores años, por lo menos el 80% de los abusos han sido atribuidos a estas fuerzas.”

La intervención del gobierno de EEUU y el Plan Colombia.

Londoño también elogia la política de EEUU señalándola como la generadora del ímpetu para alcanzar la paz: “La intervención por la fuerza de Washington en la guerra, la cual comenzó hacia finales de los 90s, permitió que el gobierno colombiano debilitara a las FARC y en últimas sentara las bases para las actuales negociaciones paz.”

La política contrainsurgente de Washington es vista no sólo como un instrumento para la paz, sino como el factor principal que permitirá su logro. Es increíble como el revisionismo histórico retrata al instigador y patrocinador de la violencia masiva que ha perdurado por décadas como un intermediario honesto para terminar esta violencia.

En realidad, la intervención de Washington comenzó 40 años antes del tiempo al que se refiere Londoño, y esa intervención fue la que agudizo la guerra que ha azotado al país desde entonces. Cualquier evaluación objetiva de la política exterior de EEUU en Colombia ha encontrado que ésta ha sido un absoluto fracaso . Bajo la dirección, financiamiento y entrenamiento de los EEUU, el estado colombiano ha mostrado uno de los peores records en respeto de los derechos humanos en el hemisferio. Muchas organizaciones de derechos humanos dan testimonio de esto, y han exigido el fin de la ayuda militar de EEUU a Colombia.

“año tras ano la política de EEUU ha ignorado las evidencias y peticiones de las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales y de la gente de Colombia. El plan Colombia ha sido un fracaso en todos los aspectos y los derechos humanos en Colombia no mejorarán hasta que haya un cambio fundamental en la política exterior EEUU,” declara la oficina de Amnistía Internacional en los EEUU.

Un informe de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch dice: “toda la ayuda para la seguridad internacional debe ser condicionada a acciones explícitas del gobierno colombiano encaminadas a cortar conexiones, en todos los niveles, entre los el ejercito y los paramilitares. Los abusos atribuidos directamente a los miembros del ejercito colombiano han disminuido durante estos últimos años, pero en el mismo período el número y magnitud de los abusos atribuidos a los grupos paramilitares que operan con el consentimiento de los militares o con su abierto apoyo, se han elevado súbitamente.”

El profesor e historiador de Bogotá Renán Vega Cantor, en un estudio sobre la presencia de EEUU en Colombia, escribe que: “El terrorismo de Estado que se perpetúa en Colombia desde finales de la década de 1940 se alimenta tanto del sostén militar y financiero de los Estados Unidos, como de los intereses de las clases dominantes criollas, para preservar su poder y su riqueza y negarse a realizar elementales reformas económicas y sociales de tipo redistributivo.”

Lo que el Nueva York Times y los medios masivos omiten en su análisis es que el sistema sociopolítico colombiano neoliberal actual necesita la continuación de la violencia para acomodar el capital.

“La guerrilla no fue la causa de el conflicto colombiano sino por el contrario, uno de sus síntomas, y simultáneamente se convirtió en un factor contribuyente en el sentido de que su misma existencia sirve de pretexto y  justificación para la violencia y la militarización por parte del estado; lo cual desafortunadamente ha hecho que la presencia de la guerrilla sea utilizada por el establecimiento para legitimar la violencia sobre las fuerzas sociales que desafían el poder de las clases dominantes,” escribe Hristov en su ultimo libro, Paramilitarismo y Neoliberalismo: Sistemas Violentos de la Acumulación de Capital en Colombia y Más Allá. [4]

Hristov dice que si el gobierno quiere satisfacer las demandas de las FARC, tiene que invertir en programas sociales a expensas del aparato militar y políticas de seguridad actual. Pero como estos sistemas le sirven a esa estructura económica neoliberal que transfiere la tierra y los recursos de las masas populares a una minúscula minoría elitista, es ingenuo pensar que esos cambios ocurran.

“Incluso en una era post-FARC el estado tendría siempre pretextos, recurrirá a las BACRIM [bandas criminales que tienen raíces en los grupos paramilitares presuntamente desarmados] o a la existencia de otros grupos guerrilleros, para mantener el desbordado nivel de militarización,” escribe Hristov. [5]

La representación del conflicto colombiano en el Nueva York Times y otros medios masivos es una replica de la propaganda estatal, haciendo eco a la doctrina de seguridad nacional, propaganda que oculta la violencia inherente al sistema económico colombiano que ha ocasionado la perpetuación del militarismo y la represión en el país.

Si bien cualquier acuerdo de paz que ofrezca la perspectiva de reducir la matanza es bien recibida, el hecho de que el estado colombiano continúe sometido al consenso de Washington y a su modelo socioeconómico neoliberal, significa que el país se dirige inevitablemente hacia la continuación de la violencia, el despojo, y el sufrimiento de la inmensa mayoría de la población.

Solo cuando el gobierno colombiano y los medios masivos de comunicación occidentales reconozcan que la intervención de Washington exacerba la violencia en lugar de minimizarla, tal vez entonces Colombia pueda empezar a liberarse a si misma y a buscar una paz duradera y con justicia social para todos sus habitantes.

Referencias

[1] Hristov, Jasmin. Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia. Ohio University Press; 1 edition, 2009. Kindle edition.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Hristov, Jasmin. Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond. London: Pluto Press, 2014.  (pg. 153)

[5] Hristov, 2014 (pg. 157)

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